Gobierno de De La Espriella anuncia reconstrucción, ofensiva contra el crimen y cierre de tres diálogos
Barranquilla, 31 de agosto de 2026. El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella concentra este lunes su agenda en tres frentes principales: la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, el endurecimiento de la estrategia de seguridad frente a las estructuras criminales y el cierre de tres procesos de diálogo heredados de la denominada política de “Paz Total”. Los anuncios fueron realizados durante la alocución presidencial del domingo 30 de agosto, desde la sede alterna del Gobierno en Barranquilla, y constituyen algunas de las principales decisiones divulgadas por la Presidencia en las últimas horas.
En materia de atención a la emergencia, el Ejecutivo anunció el comienzo de una nueva etapa de reconstrucción nacional, sin suspender las labores de búsqueda de personas desaparecidas ni la atención humanitaria a las familias damnificadas. De acuerdo con el balance presentado por la Presidencia, el terremoto deja hasta ahora 452.782 personas afectadas, pertenecientes a 213.400 familias en 497 municipios de 16 departamentos. El reporte oficial registra además 331 fallecidos, 4.497 heridos y 152 desaparecidos, mientras que 35.987 viviendas fueron destruidas y otras 198.601 resultaron averiadas. También se reportaron daños en 4.261 centros educativos, 404 centros de salud, 121 acueductos, 89 puentes vehiculares y 482 vías.
El Gobierno aseguró que la reconstrucción incluirá viviendas, instituciones educativas, centros de salud, infraestructura vial y servicios públicos, además de acciones destinadas a recuperar la actividad productiva del campo. La Presidencia insistió en que el inicio de esta nueva fase no significa el cierre de las operaciones de búsqueda y rescate y sostuvo que las capacidades estatales continuarán disponibles mientras permanezcan personas desaparecidas.
La seguridad ocupa otro de los ejes centrales de los anuncios. El presidente De La Espriella reiteró a la nueva cúpula militar y policial la orden de recuperar el control territorial y enfrentar directamente a las estructuras criminales. La instrucción contempla recuperar territorios, proteger a la población, afectar las estructuras armadas y perseguir sus fuentes de financiación. El mandatario también señaló que quienes abandonen la criminalidad podrán acudir a los mecanismos establecidos por la ley, mientras que quienes continúen en actividades violentas enfrentarán la capacidad legítima del Estado.
Como parte de esta nueva estrategia, el Gobierno anunció la creación del Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, una estructura que reunirá capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía, con articulación de la Fiscalía y la Rama Judicial. Según la Presidencia, el objetivo será identificar, ubicar y llevar ante la justicia a las organizaciones dedicadas a extorsionar a comerciantes, empresarios, transportadores, campesinos y familias. También fue anunciado un Bloque de Búsqueda Anticorrupción, coordinado desde el despacho presidencial y orientado a perseguir redes que operen dentro del Estado y afecten los recursos públicos.
En paralelo, el Ejecutivo confirmó el cierre de tres procesos de diálogo que habían sido abiertos durante la administración anterior bajo la política de “Paz Total”. Según la Presidencia, la decisión será formalizada mediante nueve resoluciones y cobijará procesos relacionados con estructuras vinculadas a alias ‘Calarcá’, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El Gobierno argumentó que no encontró una voluntad real y verificable de abandonar la violencia y sostuvo que no continuará con negociaciones que, a su juicio, no presenten resultados concretos.
La agenda presidencial también incluyó la emergencia provocada por los incendios en el Tolima. El Gobierno informó que más de 50.000 hectáreas han resultado afectadas, de las cuales 28.000 corresponden a terrenos agropecuarios. La emergencia compromete a 2.660 productores, deja pérdidas estimadas en más de 134.000 millones de pesos y pone en riesgo alrededor de 163.000 animales, con afectaciones reportadas en 23 municipios y 507 veredas. Para los productores afectados, el Ejecutivo anunció un congelamiento durante tres meses de la amortización de obligaciones con Finagro y un programa de compra de cartera para pequeños y medianos productores.
En el frente económico, el Gobierno también anunció que durante septiembre no aumentará el precio de los combustibles. La medida fue presentada como una forma de aliviar la situación financiera de los hogares colombianos, especialmente de quienes enfrentan las consecuencias económicas del terremoto. La Presidencia indicó además que la Superintendencia de Industria y Comercio realizará inspecciones en las estaciones de servicio para verificar el cumplimiento de la decisión.
Otro de los anuncios destacados por el Gobierno está relacionado con la política comercial internacional. Durante su alocución, De La Espriella aseguró que Colombia avanzó en conversaciones con Japón para destrabar un Acuerdo de Asociación Económica que llevaba cerca de 15 años en negociación. El Ejecutivo también informó sobre acercamientos con compañías como Toyota, Mazda y Toshiba, con el propósito de atraer inversión, tecnología y nuevas capacidades productivas al país.
Con estos anuncios, el Gobierno busca marcar una primera línea de acción en áreas consideradas prioritarias para su administración: reconstrucción después del terremoto, recuperación del control territorial, lucha contra la extorsión y la corrupción, y reorientación de la política frente a los grupos armados. Las medidas anunciadas desde Barranquilla comienzan a trasladarse ahora a las distintas entidades del Estado, mientras el país mantiene la atención sobre la emergencia humanitaria y los resultados que produzcan las nuevas decisiones del Ejecutivo.
